Corte de Valdivia confirma condena a exgendarme por cohecho y apremios ilegítimos en cárcel

La Corte de Apelaciones de Valdivia confirmó la sentencia que condenó al exgendarmen Harold Lallo Momberg Cid a la pena de 5 años y un día de presidio efectivo, además de multas y sanciones accesorias, como autor de dos delitos consumados de cohecho cometidos en enero de 2020 en el Complejo Penitenciario de la ciudad. Asimismo, ratificó una segunda condena de 3 años y un día de reclusión por dos delitos consumados de apremios ilegítimos, perpetrados en noviembre de 2019 y enero de 2020.

En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada descartó errores en la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Valdivia, rechazando el recurso presentado por la defensa. La resolución sostiene que el tribunal de primera instancia fundamentó adecuadamente su decisión, valorando de forma detallada los medios de prueba, entre ellos declaraciones de la víctima, antecedentes médicos y evidencia digital.

“Desde la óptica descrita, debe leerse el Hecho N°2, en el que confluyen una versión directa de la víctima, corroboración digital, antecedentes médicos y testimonios de contexto penitenciario que permitieron formar la convicción de condena”, consigna el fallo. Asimismo, la Corte afirmó que la sentencia impugnada “efectúa una motivación pública de su decisión mediante la explicación de todas las inferencias inductivas que justifican y apoyan su conclusión”.

El tribunal también rechazó la alegación de errónea aplicación del derecho, señalando que el recurrente no logró identificar normas mal aplicadas y que sus argumentos reiteraban cuestionamientos ya expuestos. “No habiendo indicación alguna en el recurso de una norma jurídica mal aplicada, esta Corte no puede más que rechazar también esta última causal”, concluye la resolución.

Según dio por acreditado el tribunal de base, uno de los hechos ocurrió en enero de 2020, cuando el entonces funcionario penitenciario solicitó a un interno el pago de $50.000 para permitirle conservar un teléfono celular. Al no concretarse el pago, habría ordenado su agresión por parte de otros reclusos, lo que derivó en lesiones leves. Posteriormente, le exigió una suma similar para asignarlo a un módulo considerado más seguro, petición a la que el interno accedió por temor.

Otro de los episodios se remonta al 5 de noviembre de 2019, cuando el acusado permitió el ingreso de nueve internos a un módulo pese a conocer el riesgo de agresiones, las que finalmente se concretaron, dejando a los afectados con lesiones leves.

En la causa, el tribunal de primera instancia absolvió al condenado por otros cargos incluidos en la acusación fiscal, relacionados con incremento patrimonial injustificado y un delito adicional de cohecho.